Uno de cada cuatro adultos chilenos está iniciando un negocio. Menos de uno de cada doce logra sostener una empresa más allá de los tres años y medio. Entre esos dos datos —27% de actividad emprendedora temprana y 8% de empresarios establecidos, según el reporte 2024/2025 del Global Entrepreneurship Monitor (GEM)— cabe toda la política de emprendimiento chilena, y su problema. Celebramos el hito incorrecto. El motivo dominante para emprender es la escasez de trabajo: lo declara el 80% de las mujeres y el 74% de los hombres en etapa inicial. Una alta tasa de emprendimiento por necesidad no es señal de cultura emprendedora; es síntoma de un mercado laboral que expulsa. Chile no tiene un problema de número de emprendimientos: triplicamos a la OCDE en quienes entran a emprender y terminamos con la misma proporción de empresas consolidadas. Todo el excedente se evapora en el camino.
Nuestra política pública no siempre ha contribuido a separar los emprendimientos de necesidad de los de oportunidad. Esto se ilustra en la evaluación de impacto del programa Crece de Sercotec, validada por la Dipres en 2025: un efecto de 22% en ventas mensuales, pero sin efectos significativos en empleo ni consolidación. Es decir, el subsidio compra ingresos este año, no capacidad para el próximo. Como contraparte está Start-Up Chile (Corfo), focalizado en emprendimientos dinámicos de base tecnológica, con alto potencial de escalamiento. Este programa reportó, al cumplir 15 años, más de tres mil startups apoyadas, ventas globales por US$3.500 millones y capital levantado por US$2.150 millones, 21 veces la inversión pública. Cuando el instrumento se diseña para los emprendimientos de oportunidad, los resultados aparecen. Debemos tener claro qué mide el éxito de nuestros programas: cobertura o creación de capacidad productiva.
Lo veo cada año en la universidad: para los recién egresados, partir un negocio dejó de ser el plan B del que no encontró trabajo y se consolidó como una alternativa legítima de desarrollo profesional y personal. Esta disposición cultural es la materia prima del emprendimiento de oportunidad. Pero no basta: se requiere un ecosistema que sostenga las buenas ideas. He ahí nuestra deuda como país: las brechas en educación emprendedora, acceso al financiamiento y transferencia de I+D desde universidades y centros de investigación. Las EBCT, que pueden diversificar nuestra matriz productiva anclada en la extracción de recursos naturales, exigen transferencia efectiva de los resultados de I+D, capital de riesgo, empresas que actúen como clientes y, no menos importante, espacios de encuentro para estos agentes.
Los ecosistemas no son sólo la suma de sus instrumentos: requieren redes de confianza, y estas se construyen con interacción repetida. El ETMday es justamente eso: infraestructura de articulación, donde una spin-off universitaria conoce a un potencial primer inversionista y donde una empresa consolidada descubre una tecnología desarrollada localmente. No hay subsidio que pueda reemplazar el rol de instancias como esta.
Chile aún no cuenta con una definición estatal de start-up: la nueva Ley de Transferencia Tecnológica reconoce a las empresas de base científico-tecnológica nacidas en las universidades, pero para el resto del universo —una startup de software y un almacén de barrio— nuestros instrumentos no distinguen nada. Necesitamos una agenda que diferencie a los emprendimientos. Mientras celebremos el número, solo administraremos volumen. El día en que midamos cuántos están escalando, empezaremos a celebrar calidad y, al mismo tiempo, el desarrollo del país.
